La Iglesia alemana condena la autorización de la píldora abortiva RU-486 en el país

El organismo federal alemán para el control de  fármacos, apoyado en una decisión del Parlamento (Bundestag), acaba de registrar la píldora RU-486, abriendo así el camino a su difusión en el país. Esa píldora, producida en Francia desde el año 1988, tiene efecto abortivo dentro de los primeros tres meses de embarazo. Ya se vende legalmente en Francia, Suecia y Gran Bretaña, y se ha solicitado su autorización en otros ocho países europeos.
La decisión de las autoridades alemanas ha suscitado fuertes reacciones de los católicos y de otros movimientos religiosos, así como de los partidos políticos interesados en la defensa de la vida de los niños por nacer.
La producción de la píldora RU-486, con todas sus derivaciones, pone de manifiesto en los diversos países una mentalidad que ha sido definida “cultura de la muerte”. La vida por nacer es considerada un “objeto” y se aplica la ley del más fuerte, pues destruye un inocente que no puede defenderse ni pedir socorro.
Contra la píldora abortiva y la mentalidad abortista el magisterio de la Iglesia ha brindado argumentos de razón y de fe. El Papa Juan Pablo II los ha repetido en numerosas ocasiones. Lo mismo han hecho los episcopados de los países afectados. Por lo que respecta a Alemania, mientras en el país se debatía la cuestión, la Conferencia episcopal mostró su firme reprobación. El presidente del Episcopado, mons. Karl Lehman, declaró: “Todo aborto es y sigue siendo injusto. La píldora RU-486 no constituye absolutamente ningún progreso en favor de las mujeres, como se quiere sostener. La Conferencia episcopal alemana lamenta profundamente que estos argumentos no hayan sido escuchados y no dejará de luchar, con todos los medios posibles, en favor de la vida de los niños por nacer, amenazados por esta autorización.
Por su parte, el cardenal Joachim Meisner, arzobispo de Colonia, afirmó: “Hoy es un día de luto para Alemania. La autorización de la píldora RU-486 es una violación del derecho. Cuando un organismo federal autoriza un medio para matar a las personas con el nombre de fármaco o medicina, pretende conscientemente, de modo intolerable, quitar importancia al asesinato de niños por nacer. Se ha puesto al servicio de grupos de presión y ha faltado gravemente a su deber. Pido al ministro competente, a los miembros del Parlamento y a todos los tribunales, que impidan esta injusticia”.